- Según el V Informe del Observatorio de Transición Justa impulsado por fundación Moeve y Red2Red, Andalucía es la Comunidad con mayor expectativa de creación de empleo asociado a la transición ecológica.
- El estudio revela que la aceptación del hidrógeno verde ha alcanzado un apoyo del 70,6%, consolidándose como la tecnología emergente con mayor nivel de aceptación ciudadana
- El 95% de la ciudadanía andaluza reclama participar activamente en las decisiones vinculadas a la transición ecológica, en un contexto donde el principal reto del proceso es territorial y distributivo.
El Observatorio de Transición Justa (OTJ) ha presentado este miércoles en la Cámara de Comercio de Sevilla su quinto informe sobre la percepción social de la transición ecológica en Andalucía. Impulsado por fundación Moeve y Red2Red, el OTJ busca generar conocimiento y promover un diálogo constructivo entre todos los actores involucrados para avanzar hacia una transición ecológica justa en España y en Andalucía.
El estudio de 2026 revela que el 61,4% de la población andaluza considera que la transición ecológica puede generar nuevos puestos de trabajo en su entorno. Este dato supone un incremento continuado a lo largo de las dos últimas ediciones (desde el 41% registrado en 2024) y sitúa a Andalucía como la comunidad con mayor expectativa de creación de empleo de España, 5,3 puntos porcentuales por encima de la media estatal (56,1%).
En paralelo, el conocimiento ciudadano sobre el proceso de la transición ecológica se mantiene en niveles similares a los registrados en 2025. . Casi la mitad de la población andaluza, un 46,1%, afirma conocer el concepto de transición ecológica, un porcentaje superior al observado en las primeras ediciones del Observatorio y que refleja la progresiva incorporación de la transición ecológica en el debate público. Asimismo, el 77,5% de los encuestados cree con seguridad que el cambio climático está ocurriendo. Aunque el consenso sigue siendo muy amplio, la prioridad concedida a combatirlo convive en el corto plazo con otras preocupaciones sociales como la vivienda o el encarecimiento del coste de vida.
En este contexto, la exigencia de gobernanza participativa es prácticamente unánime: el 95% de la población andaluza demanda participar en las decisiones sobre la transición ecológica, ya sea de forma consultiva o compartiendo la toma de decisiones con las autoridades competentes. Por el contrario, rechaza un modelo donde la ciudadanía se limite a recibir información de expertos e instituciones.
Teresa Mañueco, directora de fundación Moeve, ha subrayado la relevancia de esta quinta edición del estudio: “Contamos ahora con cinco años de datos que nos permiten analizar cada vez con rigor la evolución de la percepción social en Andalucía en cuanto a la transición justa. Queremos que este estudio sea una herramienta útil para que todos los actores implicados podamos definir estrategias que permitan avanzar la transición ecológica en la región, implicando a toda la sociedad”.
La presentación concluyó con una mesa redonda integrada por Esperanza Fitz Luna, presidenta de AMESEMAP; Gabriela Reyes, de la División de Tecnologías Energéticas y Descarbonización de INERCO; y Blanca Miedes, profesora titular de Economía Aplicada y miembro de COIDESO y moderada por Paula Ruiz, responsable de Proyectos de Transición Ecológica de fundación Moeve. El debate puso de relieve que el éxito de una transición ecológica justa en Andalucía pasa por abordar simultáneamente los desafíos económicos, sociales y formativos que todavía dificultan su avance. Las participantes coincidieron en la necesidad de eliminar barreras para las personas y las pymes, acelerar la capacitación en nuevas tecnologías, reforzar la competitividad empresarial y generar espacios estables de participación que permitan a la ciudadanía involucrarse de forma informada en la toma de decisiones.
Novedades en la metodología
Para la realización del quinto estudio del Observatorio de Transición Justa se ha llevado a cabo una encuesta telefónica y online a 3284 personas en el conjunto de España, con una muestra específica representativa de 575 encuestas en Andalucía, realizadas entre enero y febrero de 2026.
Además de dar continuidad a las dimensiones analizadas desde 2022, esta nueva edición incorpora un bloque de preguntas centradas en la percepción de vulnerabilidad ciudadana frente a los efectos del cambio climático y la capacidad de adaptación.
Fotos del evento
Síntesis del estudio La percepción social sobre la transición ecológica en Sevilla en 2026
Este monográfico presenta los resultados de la quinta edición del estudio del Observatorio de Transición Justa para Andalucía, elaborados a partir de una muestra de 575 personas residentes en la comunidad autónoma, integrada en la encuesta estatal realizada a 3.284 personas entre enero y febrero de 2026. Esta edición incorpora, además del seguimiento de las principales tendencias observadas en años anteriores, un nuevo bloque dedicado a la percepción de vulnerabilidad, exposición y adaptación frente a los efectos del cambio climático, así como la continuidad de la línea de análisis sobre movilidad sostenible iniciada en 2025. El objetivo del estudio es contribuir a comprender cómo evolucionan las percepciones, actitudes y expectativas de la ciudadanía ante el cambio climático y la transición ecológica, aportando evidencia útil para la toma de decisiones públicas y privadas.
Los resultados de 2026 describen una sociedad andaluza que converge cada vez más con el conjunto de España en la mayoría de los indicadores analizados, de modo que las diferencias territoriales son hoy menos numerosas que en ediciones anteriores. No obstante, allí donde Andalucía se distingue del promedio estatal, lo hace en aspectos muy vinculados a su realidad climática y socioeconómica. El estudio identifica tres grandes tendencias: la persistencia de un amplio consenso sobre la existencia del cambio climático, aunque con menor intensidad y prioridad política; la creciente percepción de sus efectos en la vida cotidiana; y una distancia persistente entre la conciencia climática y la adopción de cambios efectivos en comportamientos y decisiones.
Si bien persiste un amplio consenso sobre la existencia del cambio climático, el 77,5% de la población andaluza manifiesta total seguridad al respecto, un porcentaje prácticamente idéntico al del conjunto del país (77,9%). No obstante, este consenso ha perdido intensidad durante los últimos cuatro años, con una caída de 8 puntos desde 2022, que se desplaza hacia posiciones de duda moderada y no hacia el rechazo. Por otro lado, las temperaturas más extremas (61,1%) y los fenómenos meteorológicos intensos (57,8%) concentran las principales menciones en Andalucía como efectos asociados al cambio climático, con niveles similares a los del conjunto del país, mientras que la sequía mantiene una relevancia singular en Andalucía, donde sigue percibiéndose como un fenómeno cercano y cotidiano.
El nuevo bloque dedicado a vulnerabilidad y adaptación revela que el cambio climático ya no se percibe únicamente como un problema ambiental, sino como un factor que afecta directamente al bienestar. La salud y la movilidad emergen como los ámbitos donde la ciudadanía identifica una mayor exposición a los fenómenos climáticos extremos, destacando especialmente la movilidad, que constituye una de las pocas diferencias territoriales claras respecto al promedio estatal. Sin embargo, este reconocimiento del riesgo apenas se traduce en medidas preventivas: cerca de seis de cada diez personas expuestas no han adoptado ninguna actuación específica frente a estos impactos. La mayoría de las respuestas de adaptación continúan concentrándose en actuaciones domésticas de alcance limitado, lo que pone de manifiesto una brecha persistente entre percepción y acción. Los datos sugieren que esa distancia responde menos a una falta de conciencia que a condicionantes materiales, económicos e infraestructurales.
A pesar de que los impactos climáticos se perciben cada vez más cerca, la lucha contra el cambio climático pierde centralidad frente a otras preocupaciones más inmediatas. El porcentaje de población que la considera una prioridad ha descendido más de once puntos desde 2022, aunque sigue situándose en niveles prácticamente idénticos a los del conjunto de España. Los datos sugieren que la ciudadanía no cuestiona el problema, sino que lo relega frente a cuestiones como el coste de la vida, la vivienda o el empleo. En este mismo contexto se estabiliza el conocimiento de la transición ecológica: el 46,1% afirma conocer y comprender el concepto, una cifra similar a la estatal y prácticamente idéntica a la de 2025. Más que un problema de notoriedad, los resultados apuntan a una dificultad para conectar el concepto con experiencias concretas, beneficios tangibles y oportunidades percibidas como cercanas
El principal rasgo diferencial de Andalucía aparece en el ámbito del empleo. El 61,4% de la población considera que la transición ecológica puede generar nuevos puestos de trabajo en su entorno, más de cinco puntos por encima de la media estatal y el porcentaje más elevado de todos los territorios analizados. Esta expectativa se ha incrementado en más de veinte puntos desde 2024 y sitúa al empleo como el principal activo social de la transición en la comunidad. Aunque existe conciencia de los ajustes que determinados sectores deberán afrontar, la destrucción de empleo se percibe fundamentalmente como un fenómeno colectivo o territorial, ya que solo una quinta parte de la población ocupada considera que su propio puesto de trabajo podría verse afectado por la transición.
Junto con el empleo, la ciudadanía identifica beneficios claros de la transición ecológica en términos de calidad de vida. Los mayores niveles de confianza se concentran en la mejora de la calidad del aire (66,9%), la limpieza de los entornos urbanos (63,6%), la reducción de la contaminación del agua (62,5%) y la mejora de la salud (62,4%). En cambio, existe más cautela respecto a su capacidad para revertir fenómenos climáticos de gran escala, como las olas de calor o la sequía. Los resultados sugieren que la transición obtiene legitimidad principalmente por su capacidad para mejorar las condiciones de vida y reforzar la protección frente a riesgos ya existentes, más que por la expectativa de resolver por sí sola la crisis climática global.
El apoyo al impulso de las energías renovables se estabiliza después del retroceso registrado en 2025. La energía solar (86,7%) y la eólica (80,8%) mantienen los mayores niveles de apoyo, destacando especialmente la posición de Andalucía en el caso de la energía eólica. Sin embargo, este respaldo disminuye cuando se plantea la instalación de estas tecnologías en el entorno próximo, donde los principales motivos de resistencia se relacionan con la percepción de saturación del territorio, más que con el temor a posibles efectos sobre la salud. Lejos de reflejar una oposición a las renovables, los resultados apuntan a una creciente preocupación por las condiciones de implantación, la concentración territorial de infraestructuras y el reparto de costes y beneficios asociados al proceso.
La implicación cotidiana frente al cambio climático sigue concentrándose en actuaciones de bajo coste, especialmente el reciclaje, mencionado por el 68,7% de la población. La disposición a realizar cambios adicionales disminuye cuando estos implican costes económicos directos. Esta misma lógica aparece en la movilidad: aunque la población andaluza identifica menos barreras que la media española al vehículo eléctrico en aspectos como el precio o la autonomía, la electrificación del parque móvil sigue siendo limitada y más del 80% continúan funcionando con combustibles fósiles. Todo ello apunta a que los principales obstáculos para avanzar no son tanto de aceptación social como económicos e infraestructurales.
En cuanto al modelo de gobernanza de la transición ecológica, la ciudadanía atribuye la principal responsabilidad a las administraciones públicas (83,2%), al tiempo que reclama un papel activo en la toma de decisiones ya que el 95% considera que debería participar en las decisiones o, al menos, ser consultada. El respaldo a las políticas públicas presenta una jerarquía clara, con un mayor apoyo a las medidas de incentivo, como la rehabilitación energética (76,6%) y la prohibición de plásticos (74,7%), frente a medidas de carácter más restrictivo, como las áreas de bajas emisiones (46,6%) y los impuestos ambientales (31,8%). La cuestión central no parece ser la necesidad de actuar, sino la manera en que se distribuyen los costes y beneficios del proceso.
Por último, la transición ecológica sigue percibiéndose mayoritariamente como una oportunidad, aunque en un contexto emocional más complejo que en ediciones anteriores. Crece la sensación de responsabilidad individual y colectiva, pero esta convive con niveles significativos de incertidumbre, impotencia y desconfianza. Más que una pérdida de apoyo al proceso, los resultados apuntan a una ciudadanía que mantiene una visión favorable de la transición, aunque con expectativas más prudentes y una demanda creciente de beneficios visibles, oportunidades concretas y capacidad real de participación. El aumento del perfil inmovilista refuerza la importancia de abordar estas tensiones, especialmente en un contexto donde la prioridad otorgada al cambio climático tiende a reducirse.
En definitiva, este nuevo estudio muestra que la población andaluza reconoce el cambio climático, percibe crecientemente sus efectos en el entorno cercano y mantiene una valoración favorable de la transición ecológica, especialmente cuando esta se vincula a la creación de empleo, la mejora de la calidad de vida y la protección del bienestar cotidiano. No obstante, se observa al mismo tiempo una reducción progresiva de la prioridad concedida al cambio climático, así como una limitada traducción de la percepción de exposición y riesgo en actuaciones individuales. El respaldo a la transición se mantiene, aunque disminuye cuando las medidas se concretan territorialmente o implican costes económicos, lo que pone de manifiesto la importancia de las condiciones materiales y de las respuestas públicas para consolidar el apoyo social al proceso. El principal desafío ya no parece residir en convencer a la ciudadanía de la necesidad de actuar, sino en reducir la distancia entre preocupación y acción, haciendo visibles los beneficios de la transición y generando las condiciones materiales, territoriales y sociales que permitan convertir el amplio consenso existente en una implicación sostenida.
